El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, ha informado esta mañana sobre la segunda mesa política celebrada esta mañana para abordar la problemática del complejo de los Tres Pintores (Velázquez, Greco y Goya). Un conjunto de tres hoteles que permanece cerrado desde 2008, y cuyas instalaciones abandonadas permanecen ocupadas de manera ilegal.
Junto al alcalde, en la reunión han participado los concejales responsables de las delegaciones que han realizado actuaciones para abordar esta problemática: Javier Marín (Seguridad), María Isabel Ruiz (Urbanismo y Edificaciones), Salvador Rodríguez (Servicios Operativos), y Alicia Laddaga (Bienestar Social). También técnicos de Bienestar Social, Urbanismo, Asesoría Jurídica, Emergencias y Policía Local, y representantes de los tres partidos de la oposición (PP, Ciudadanos y VOX).
“Para abordar esta problemática, el Ayuntamiento ha realizado una intervención policial, social y sanitaria”, ha anunciado el alcalde.
Así, se ha realizado un censo de los moradores que actualmente ocupan las instalaciones: un total de 26 personas. De ellas, sólo hay un ciudadano empadronado, y coinciden en el complejo hasta seis nacionalidades distintas. Sólo se ha detectado la presencia de un núcleo familiar, aunque sin menores de edad.
En cuanto al perfil de los moradores, se trata de personas en situación de vulnerabilidad social, alejadas de actividades delictivas. “Durante el último mes sólo se ha registrado una llamada por parte de los vecinos, relacionada con ruidos motivados por la presencia de perros en el inmueble, pero por parte de la Policía Local no se han detectado indicios de criminalidad”, ha aclarado Navas.
Además, por parte de los Servicios Sociales se está desarrollando un plan de intervención social, abordando entrevistas con cada uno de los moradores del entorno.
“Las actuaciones de Policía Local y Servicios Sociales nos confirman que la problemática actual en el complejo de los Tres Pintores es de índole social, no de seguridad ciudadana”, ha confirmado el alcalde.
Desde el ámbito de Urbanismo, los técnicos de la delegación han certificado que los edificios no presentan indicios de ruina inminente, por lo que su demolición resultaría inviable.
La inspección de los edificios sí ha certificado problemas sanitarios. Por ello, plantean una actuación de desratización y limpieza, y el cerramiento integral de las instalaciones, una actuación que tendría un coste integral de 113.875 euros.
“Entre todas las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento hemos acordado realizar una orden de ejecución para instar a la entidad propietaria del complejo a realizar estos trabajos”, ha anunciado Navas.
El alcalde ha recordado que se trataría de la cuarta orden de ejecución realizada a la propietaria desde 2016, “ya que en los años anteriores no se hizo nada al respecto”.
“La propiedad se encuentra actualmente en concurso de acreedores y bajo un administrador concursal: en caso de que no acometan las actuaciones exigidas, el Ayuntamiento las ejecutaría de manera subsidiaria para posteriormente reclamarles el gasto”, ha detallado el alcalde. “No obstante, sería un proceso administrativo con una tramitación no inferior a 18 o 24 meses: por lo tanto, la solución a esta problemática no será fácil ni inminente”, ha advertido.
“Mientras tanto, seguiremos desarrollando el plan de intervención social y controles periódicos de los moradores por parte de Policía Local”, ha adelantado.
“Esta mesa de trabajo debe servir para que toda la Corporación se implique en la solución de una problemática que afecta a toda la ciudad: por ello, hubiéramos agradecido hoy más propuestas y aportaciones por parte de los partidos de la oposición”, ha finalizado el alcalde.