El PSOE exige a Tremón “compromiso y responsabilidad para hacerse cargo de los trabajadores de Tívoli”

La secretaria de Organización del PSOE de Benalmádena y concejala del municipio, María Isabel Ruiz; y el secretario de Administración del PSOE local y concejal, Javier Marín, han exigido hoy al Grupo Tremón, propietarios actuales de Tívoli World tras la reciente ratificación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, “compromiso y responsabilidad para garantizar la continuidad de la actividad del parque de atracciones, haciéndose cargo de las nóminas y derechos de sus trabajadores”.

Una exigencia realizada tras conocer que no tienen intención de renovar el ERTE a los trabajadores de Tívoli, “una decisión que les deja en una situación de total indefensión”.

“Tremón ni ha dado instrucciones para renovar el ERTE ni quiere asumir la carga de los trabajadores, y parece que sigue sin mostrar ningún interés por ocuparse de la explotación del parque de atracciones”, ha lamentado Ruiz.

“Tívoli sigue resultando rentable, tal y como se volvió a demostrar en 2020, cuando abrió sólo tres meses en un contexto de pandemia, crisis económica y restricciones de aforo, y aún así logró rentabilidad suficiente para hacer frente a los gastos de explotación de todo un año”, ha aclarado el secretario de Administración, también concejal de Comercio en el Ayuntamiento.

“Volvemos a solicitar a Tremón que sea claro en sus planteamientos de futuro para Tívoli: aún desconocemos cúal es su proyecto para el parque”, ha recordado Marín.

“Desde el equipo de gobierno de Benalmádena, tenemos clara nuestra apuesta por la continuidad de Tívoli, un icono del turismo y uno de los principales reclamos del municipio, y el apoyo firme a sus trabajadores”, ha subrayado Ruiz. 

En este sentido, Ruiz, también concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Benalmádena, ha recordado que desde el ámbito del gobierno municipal ya se ha procedido a la aprobación inicial de una modificación de elementos del PGOU para garantizar que los terrenos sólo puedan tener uso como parque de atracciones, evitando así la posibilidad de especular urbanísticamente.