El secretario general y portavoz del PSOE de Benalmádena, Víctor Navas; la secretaria de Organización y diputada provincial, María Isabel Ruiz; y las concejalas socialistas Encarnación Cortés, Pilar Ramírez, Javier Marín, Joaquín Villazón y Sandra Ochoa, han ofrecido hoy una rueda de prensa para anunciar la interposición de una denuncia en los juzgados de Torremolinos por una irregularidad en la gestión del Puerto Deportivo.
“Durante la pasada legislatura tuvimos que ordenar y regularizar la actividad de los charter del Puerto Deportivo, las embarcaciones de recreo, puesto que desarrollaban su actividad económica de forma alegal. El Ayuntamiento no contaba con autorización de la Junta de Andalucía para el desarrollo de esta actividad, y por ello tuvimos que sacar el correspondiente concurso público, conforme a lo recogido en la Ley de contratos del sector público, valorando aspectos como los méritos, solvencia económica o capacidad de los licitadores”, ha recordado Encarnación Cortés.
“Ese concurso fue recurrido por algunos licitadores. En primera instancia, el primer juzgado anuló el concurso, y recurrimos las sentencias y esperamos a que resolviera el Tribunal Superior de Justicia”, ha añadido la concejala.
El dictamen del Tribunal Superior de Justicia tuvo lugar el 14 de junio de 2023, tras las elecciones municipales. “Por lo tanto, al nuevo equipo de gobierno le corresponde ejecutar esa sentencia para cobrar el canon de mejora suspendido, además de reclamar las costas del proceso, que ascienden a 6.000 euros. Pues nada de esto ha sucedido a la vista de la documentación que hemos obtenido”, ha anunciado Cortés.
“Todo lo contrario: tenemos constancia de un contrato firmado por el consejero delegado del Puerto Deportivo con cuatro charters, precisamente los que recurrieron ese concurso. Un acuerdo firmado y redactado por la abogada que representaba a los charters en este procedimiento”, ha informado la edil.
“Ese acuerdo se redacta sin tener conocimiento del mismo ni el nuevo abogado del Puerto Deportivo ni el Consejo de Administración, que es quien toma este tipo de decisiones. Al contar sólo con cuatro charters de entre todos los que se presentaron al concurso y están operando en el puerto con autorización, existe una discriminación clara en contra del resto de embarcaciones de recreo, a los que sí se les cobran el canon de mejora, produciéndose así un trato de favor en ese acuerdo”, ha denunciado Cortés.
“Otro aspecto muy grave es que no se cuenta con ningún informe jurídico, más allá del presentado por la propia parte contraria a los intereses del Puerto Deportivo”, apunta la edil.
“Hemos decidido interponer esta denuncia por el quebranto económico que supone para el Puerto Deportivo este acuerdo, además de la discriminación para el resto de los charters”, ha detallado Cortés.
Para la concejala, hay otros indicios de trato de favor en este caso. “Desde la llegada del nuevo equipo de gobierno, la abogada de los ‘charters’ ha emitido cinco facturas, de las que tengamos constancia, entre agosto y diciembre, por asesoramiento jurídico, cuando el Puerto Deportivo tiene sus propios abogados. Observamos claramente un trato de favor, para compensar a todos los que criticaron nuestra labor de gobierno, y por eso lo hemos puesto en conocimiento de los juzgados para que determine lo que estimen”, ha finalizado.
“El motivo principal de dar a conocer hoy estos hechos a la opinión pública es que nos preocupa que se produzca una destrucción de pruebas previa a que el juzgado empiece a investigar estos hechos”, ha explicado María Isabel Ruiz. “Con el gobierno de Juan Antonio Lara regresa de nuevo al Puerto Deportivo una gestión oscura y llena de irregularidades, como en etapas previas a nuestro gobierno. Mi compañera Encarnación Cortés, junto al antiguo gerente del Puerto Deportivo, trabajaron muchísimo para regular todas las actividades que se desarrollaban en el recinto portuario”, ha declarado Ruiz.
“Ahora padecemos una falta de transparencia total y absoluta en la gestión del Puerto Deportivo: no sabemos qué opina el alcalde de todo esto; ni siquiera sabemos si el alcalde, que es el presidente del consejo de administración, tiene conocimiento de estos hechos que hoy denunciamos”, ha criticado Ruiz.
“Por la no ejecución de esta sentencia, desde junio de 2023 se produce un perjuicio económico para el Puerto Deportivo de unos 500.000 euros, por ese canon de mejora que no se está cobrando a los charters”, ha puntualizado María Isabel Ruiz. “Nos preguntamos los socialistas qué intereses está defendiendo el alcalde Juan Antonio Lara: ¿los intereses del Puerto Deportivo, exigiendo el cobro del canon a las embarcaciones, con el respaldo de una sentencia judicial; o los de los pocos empresarios de los ‘charters’ que firmaron el acuerdo el consejero delegado del puerto deportivo, y a los que les debe el favor de que hicieran una campaña en contra nuestra?”, se ha preguntado la concejala.
“Nos preguntamos si la dimisión del gerente del Puerto Deportivo hace unos meses tiene algo que ver con esto; y queremos saber si el presidente del consejo de administración, el alcalde de Benalmadena, tenía conocimiento de estos hechos y no los puso en conocimiento del juzgado, lo que nos parece algo gravísimo”, ha concluido Ruiz.