Benalmádena 3/12/2013-
La presidenta del Partido Popular y alcaldesa de Benalmádena, Paloma García Gálvez, ha hecho un balance del Plan de Pago a Proveedores puesto en marcha por el Gobierno central, que ha destinado alrededor de 77 millones de euros a saldar casi en su totalidad las deudas contraídas por la Administración local con las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Esta operación, enmarcada en las Medidas Urgentes contra la Morosidad de las Administraciones Públicas, está centrada en garantizar la estabilidad de los servicios básicos como la sanidad y la educación; facilitar la actividad económica de las empresas, evitando que éstas tengan que cerrar a consecuencia del impago de las administraciones; e impulsar la competitividad de las administraciones, para convertirlas en el motor de crecimiento económico y creación de empleo.
La líder de los populares, que ha estado acompañada por la diputada nacional del PP, Carolina España, ha aplaudido la ayuda del Ejecutivo de Mariano Rajoy, “con la que hemos conseguido poner el contador de nuestra deuda casi a cero”, y ha apuntado que “la última operación se aprobó la pasada semana en el pleno ordinario y consistió en una partida que rozaba los 7,9 millones de euros, la cual beneficiará a cerca de 190 empresas y contempla el abono de alrededor de 900 facturas que el Consistorio adeudaba de etapas anteriores”. “Esta operación supondrá una gran inyección de liquidez para un gran número de pequeñas y medianas empresas locales y un importante incentivo financiero en el municipio”, ha apuntado García Gálvez, que ha añadido que “todas estas medidas y resultados son posibles ahora porque la economía está mejorando; si estamos cambiando es porque en España se están haciendo reformas profundas y porque la sociedad está haciendo un gran esfuerzo”.
Por su parte, España ha señalado que “después de ocho años sin control con el Gobierno del PSOE, había una situación inadmisible de facturas sin pagar, la cual había supuesto destrucción de puestos de trabajo y cierre de empresas; inseguridad y desconfianza hacia la administración; e inestabilidad en los servicios básicos”. “Para hacer frente a esta situación, el Gobierno central ha impulsado medidas como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que ha sido clave para establecer un control de las cuentas públicas en los tres niveles de administración; el Plan de Pago a Proveedores, que ha permitido poner orden en las cuentas de las administraciones e inyectar liquidez a Pymes; y la Ley de Deuda Comercial y el Plan Contra la Morosidad, que garantizan que las facturas se paguen a tiempo”, ha añadido la diputada.
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