Torremolinos 15/9/2015 – En declaraciones del portavoz del grupo, Jose Manuel Piña: «El art 47 de la Constitución Española establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, así como el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que establecen también el derecho a la vivienda digna. En este municipio ha prevalecido la especulación urbanística antes que los intereses generales de los vecinos».
Algunas de las medidas que se presentan incluyen la creación de un fondo de viviendas sociales, un censo de viviendas vacías, la creación de un protocolo de actuación en Bienestar Social que incluya asesoramiento jurídico e intermediación con las entidades financiadoras. Por otro lado, se le solicita al alcalde que se reúna con las entidades financieras para pedir la paralización de los procedimientos de alzamiento y la paralización de los procedimientos judiciales en curso, y se solicita a la corporación a que se comprometa a encontrar una alternativa habitacional para los afectados, entre otras medidas.
Costa del Sol si Puede considera que los Ayuntamientos, como administración más cercana a los ciudadanos y ciudadanas, y conocedores de los problemas, necesidades y demandas de su vecindario, tienen la obligación de corregir la situación de desamparo en las que se encuentran las familias que asfixiadas por el paro y por unas hipotecas que se han vuelto inasumibles.
En este sentido José Manuel Piña indica: «Ante esta situación las Administraciones Locales no pueden permanecer impasibles y deben realizar cuantas actuaciones sean necesarias para defender a la ciudadanía, al objeto de hacer efectivo el derecho a una vivienda. Uno de los acuerdos para la investidura de la actual corporación con nuestro grupo municipal fue precisamente atender las necesidades de las personas en situaciones de emergencia habitacional. En este sentido, desde el Ayuntamiento se deben poner en funcionamiento programas en defensa de los ciudadanos y ciudadanas, para su asesoramiento, la intermediación y la protección de las familias que se encuentren en riesgo de ser privadas de su residencia habitual y permanente.
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