Benalmádena 16/11/2011 – El concejal del Puerto, Francisco Salido; y el secretario del consejo de administración del Puerto, José Manuel López Merino, han comparecido nuevamente en rueda de prensa para contestar a las afirmaciones planteadas por el ex alcalde Enrique Moya en relación al conocido como “caso Kaleido”; “Ante la desfachatez del señor Moya no podemos sino empezar diciendo que las palabras que ayer dió el ex alcalde como respuesta ante las graves acusaciones son mentiras, y al pronunciarlas no solo no lava su imagen, sino que reitera la idea que los vecinos tenemos de él: una persona falsa que debería ser cesada de forma inmediata”, ha denunciado Salido.
En primer lugar, Salido ha informado que la única verdad que dijo Moya ayer fue “que no había mandado documentación alguna a la Fiscalía, ya que estos documentos, los ha encontrado el nuevo equipo de Gobierno al llegar al puerto”. “El ex alcalde miente descaradamente al manifestar que el Puerto quisiera cobrar canon alguno por la terraza irregular de Kaleido. La deuda condonada por los entonces responsables del puerto es la deuda de 62.000 € que Kaleido no pagó durante los años 2009-2010 en concepto de utilización de la vía pública y que el ex alcalde Moya perdonó”, ha puntualizado
Salido insiste en que Moya “también miente al decir que paralizó las obras de dicha terraza, ya que está totalmente terminada desde el año 2.009. Además, se olvida de contar que durante su mandato se encargaron a un estudio de arquitectura de Torremolinos dos informe periciales para pagar al Kaleido: uno que cifraba la compensación en 25.000 euros en 2010, y otro que la incrementaba hasta 62.000 euros en 2011”. El entonces alcalde aprobó y condonó la deuda, eligiendo el más caro, a pesar de que en el contrato dice que si se tiene que desmontar la terraza, no se debe de indemnizar con cantidad alguna.
Nuevamente, Salido ha explicado que “Moya sigue con sus mentiras, manifestando que la APPA no intervino en este asunto”. En este sentido, Salido mostró la documentación de la resolución de la Agencia Publica Puertos de Andalucía, de fecha 20 octubre de 2010, obligando al Puerto a la restitución de las cosas y su reposición al estado anterior, a la vez que incoa expediente sancionador al Puerto Deportivo. Salido se reafirma que “el ex alcalde ni paralizó las obras ni menos aún ordenó desmantelar la terraza, por cuanto como queda probado, fue una orden expresa de la Agencia Pública”.
Igualmente, Salido mostró su extrañeza por las excusas planteadas por Moya en este asunto, que calificó como un atentado contra su honor. Reiterando Salido que su objetivo es tan solo “velar por los intereses de los vecinos de Benalmádena, algo que tanto Moya como Romero parecieron olvidar”. “Esas denuncias están justificadas con la documentación que encontramos al llegar al puerto, y tras dos meses de intenso estudio, y ya se demostrará durante la instrucción si son pruebas o no de la comisión de dos delitos, tal y como manifestamos”. También Salido desmintió que tras estas actuaciones haya un interés electoralista, puesto que “estas denuncias fueron presentadas el 3 de agosto de 2.011.Y ni Moya, ni Francisco Salido ni UCB participan en las próximas elecciones del 20 de noviembre. Lo mejor que podría hacer sería echar un vistazo a los documentos que obran en poder de la Fiscalía, admitir sus errores ante los vecinos de Benalmádena y dimitir de su puesto político antes de que lo echen”, ha valorado Francisco Salido. Respondiendo a las alusiones sobre las actuaciones realizas por Francisco Salido al frente del Puerto Deportivo, éste afirmó que “la gestión del puerto hoy es totalmente transparente e intachable. Los únicos problemas versan en torno a las deudas que tanto Romero como Moya consintieron durante su mandato, 500.000 euros en el Centro Náutico y 200.000 euros en el Varadero, así como el contrato irregular para realizar las obras del Dragado de la bocana, con la empresa que había ofertado el contrato más caro, pero debido a la gestión de la nueva dirección del puerto, nos hemos ahorrado la cantidad de 180.000 euros”.
Y para finalizar, Salido afirmó que “queda claro que no existe injuria alguna en que estas actuaciones judiciales se hagan públicas, ya que afectan a Benalmádena y no están declaradas secretas. y los vecinos tienen el derecho de saber cómo ha sido gestionado el puerto en los dos últimos años”.
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