Benalmádena 31/03/2014- Ante la falta de argumentos jurídicos y administrativos, la Junta de Andalucía ha optado por hacer uso de la mentira para justificar su decisión de castigar por razones políticas a Benalmádena con la retirada de la concesión para la ampliación del Puerto Deportivo. A pesar de que el Ayuntamiento aún no ha recibido ninguna documentación oficial por parte de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), el Gobierno autonómico sí ha emitido una nota a los medios de comunicación en la que asegura que la Consejería de Fomento y Vivienda ofreció al Consistorio un convenio para reconducir la iniciativa, un hecho que no ocurrió jamás, por lo que tampoco existió ningún rechazo por parte de la Administración local. La única propuesta real recibida por el Gobierno municipal desde la APPA fue la de anular todas las actuaciones de los últimos quince años e iniciar de nuevo los trámites “con el único fin de que el proyecto no salga adelante y se perpetúe todavía más en el tiempo”, según ha explicado la alcaldesa de Benalmádena, Paloma García Gálvez, que ha lamentado que PSOE e IU “carezcan de cualquier tipo de lealtad con los vecinos de nuestro municipio y quieran destruir la posibilidad de crear empleo y de hacer realidad un proyecto esencial para el futuro turístico y económico de la ciudad”.
“Constituye una gran falta de respeto que la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía comunique a los medios de comunicación algo de lo que no ha informado al Ayuntamiento de Benalmádena y, sobre todo, que lo haga a través de un comunicado en el que falta a la verdad”, ha señalado la regidora, que ha indicado que, entre otras falsedades, la APPA mantiene que el Consistorio que no ha entregado el proyecto de ampliación o que ha supeditado las obras de ampliación al cumplimiento de dos condiciones incompatibles con la legalidad vigente, “a sabiendas de que no es cierto, pues ha sido el Ayuntamiento el que siempre se ha puesto a disposición de la Junta para estudiar cualquier propuesta que permitiera avanzar en un proyecto que tanto PSOE como IU pretenden hacer morir”. “Somos los únicos que hemos defendido en todo momento la necesidad de ampliar el Puerto Deportivo y también somos los únicos que hemos trabajado para ello”, ha afirmado García Gálvez, que ha resaltado que en su comunicado la APPA admite por fin que se cambió el proyecto, tal y como ya advirtió la Administración local, y reconoce también que no ha informado de esta modificación al Ministerio de Medio Ambiente, por lo que la concesión se encuentra en situación irregular hasta que no se acometa ese trámite.
“La Junta lleva desde 2005 sin comunicar al Gobierno central que cuenta con un proyecto de ampliación diferente al que sirvió para la adscripción de terrenos y pretende culpar al Ayuntamiento de ese retraso; es ridículo y bochornoso”, ha asegurado la primera edil, que ha subrayado que la Consejería de Fomento y Vivienda “pretende hacer creer que el cambio de proyecto tuvo lugar porque eran documentos complementarios, cuando la APPA sabe que se trataba de proyectos completamente distintos”. “La realidad es que quieren tumbar el proyecto por motivos políticos y no tienen argumentos jurídicos y administrativos para tomar una decisión que causaría un daño enorme a los ciudadanos de Benalmádena”, ha señalado la alcaldesa.
La regidora ha anunciado que el Ayuntamiento interpondrá recurso de alzada contra la resolución de la APPA al considerar que “es una decisión arbitraria e injusta que solo responde a intereses partidistas de PSOE e IU, pero los ciudadanos de Benalmádena no van a entender que se les castigue de esta manera y se les prive de un proyecto turístico que supone la creación de un grane número de empleos y que resulta vital para el futuro del municipio”. “Desde el Gobierno municipal vamos a seguir trabajando para hacer realidad la ampliación de Puerto Marina”, ha añadido García Gálvez.
Con estas palabras desde la entidad local se ha querido responder a la decisión tomada por la comisión ejecutiva de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda, quien ha dado hoy por extinguida la concesión otorgada en enero de 2012 al Ayuntamiento de Benalmádena para ampliar el puerto, ya que después de tres prórrogas consecutivas del plazo para la presentación del proyecto constructivo, éste ni ha sido aún entregado ni se ha comprometido el Ayuntamiento a una fecha cierta para su elaboración, por lo que resulta imposible establecer siquiera un horizonte temporal para el inicio de las obras.
Según el pliego de condiciones que rige la concesión, el proyecto constructivo debía haber sido presentado en el plazo de seis meses a partir de la fecha de otorgamiento. Sin embargo, tras tres sucesivas prórrogas, en julio de 2012, enero de 2013 y octubre de 2013, el Ayuntamiento de Benalmádena no sólo no ha presentado dicho documento, imprescindible para el inicio de las obras, sino que además condiciona su redacción a la previa realización de un estudio económico, que tampoco ha sido presentado, y a una negociación con posibles socios inversores externos de cuyos frutos tampoco se ha informado.
Junto a ello, el Ayuntamiento ha supeditado el comienzo de las obras al cumplimiento de dos condiciones incompatibles con la legalidad vigente, marcada tanto por el título concesional como por la normativa de aplicación. La primera de ellas es la unificación de la concesión preexistente –otorgada en 1977, mediante la cual el Ayuntamiento gestiona el puerto actual– con la de 2012 para su ampliación, lo cual resulta imposible mientras ambas estén vigentes; y la segunda condición es la incorporación de un socio inversor que sería quien construyera y explotara las dos concesiones, es decir, el concesionario real, arrogándose así el Ayuntamiento el papel de Administración concedente, que legalmente corresponde a la Junta de Andalucía.
A fin de reconducir esta situación, que en la práctica bloqueaba la ampliación del puerto, la Consejería que dirige Elena Cortés ofreció al Ayuntamiento de Benalmádena, mediante escrito de 25 de octubre de 2013, su disposición a estudiar otras propuestas alternativas para el futuro del puerto mediante fórmulas de colaboración interadministrativas, como sería un convenio, en el marco del Plan Director de Puertos de Andalucía 2014-2020. Sin embargo, en su escrito de contestación de 15 de noviembre de 2013, el Ayuntamiento hizo caso omiso a esta propuesta e insistió en la otra vía antes señalada, que se considera contraria a la legalidad vigente.
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