El concejal de Seguridad, Javier Marín, ha informado sobre la intervención realizada ayer en el complejo de Los Pintores (Velázquez, Greco y Goya). Un conjunto de tres hoteles que permanece cerrado desde 2008, y cuyas instalaciones abandonadas permanecen ocupadas de manera ilegal.
“Tal y como acordamos en la mesa técnico-política en la que abordamos esta problemática, de manera periódica realizamos un dispositivo de control para identificar y conocer la situación de las personas que viven en estos inmuebles abandonados”, ha explicado el concejal.
Se trata de la segunda intervención periódica que se ha realizado tras el acuerdo de la mesa técnico-política. “Así cumplimos con un compromiso adquirido tanto con los vecinos de la zona como con los partidos de la oposición”, ha subrayado Marín.
En el dispositivo participaron Policía Local, Bomberos y técnicos de Edificaciones y Bienestar Social. “Por parte de los agentes de la Policía Local se ha revisado el censo de moradores previamente realizado, observando que apenas se han producido cambios: actualmente viven 25 personas (23 en un edificio, y una sola por cada otro inmueble), que son las mismas que en el anterior dispositivo de control, con la salvedad de una nueva incorporación, y otra persona que ha abandonado el complejo desde el anterior control”, ha detallado Marín.
En cuanto al perfil de los moradores, se trata de personas en situación de vulnerabilidad social, alejadas de actividades delictivas, tal y como volvieron a comprobar los agentes.
Además, por parte de los Servicios Sociales continúan con su plan de intervención social en el complejo, abordando entrevistas con cada uno de los moradores del entorno.
“Estas últimas actuaciones de Policía Local y Servicios Sociales vuelven a confirmar que la problemática actual en el complejo de los Tres Pintores es de índole social, no de seguridad ciudadana”, ha matizado el concejal.
Desde el ámbito de Edificaciones, y con el apoyo de Bomberos, los técnicos de la delegación han certificado el avance del deterioro de los edificios abandonados, pero siguen sin presentar indicios de ruina inminente, lo que justificaría un desalojo por motivos de seguridad.
La propiedad se encuentra actualmente en concurso de acreedores y bajo un administrador concursal, lo que dificulta y alarga la solución de esta problemática.
“Mientras tanto, seguiremos desarrollando el plan de intervención social y controles periódicos de los moradores por parte de Policía Local”, ha confirmado Marín.