La portavoz del Grupo Municipal del PSOE de Torremolinos, Maribel Tocón y la parlamentaria andaluza Beatriz Rubiño, han denunciado hoy la “pésima y nefasta” gestión sanitaria de la Junta de Andalucía, concretamente en Torremolinos, dónde “los vecinos y vecinas, así como sus visitantes, no pueden ser atendidos como es debido porque Juanma Moreno se ha dedicado a gastar el dinero de la Sanidad Pública andaluza en otras cosas”, ha explicado Tocón.
Y lo ha hecho en la entrada del Centro de Salud de la Carihuela, haciendo referencia a la falta del Servicio de Urgencias de este centro, a la falta de Urgencias Pediátricas en ninguno de los dos o a la falta de inversión de la Junta de Andalucía en el Hospital Marítimo.
Otro ejemplo de esta mala gestión, según Tocón, “son los contratación de emergencia realizados por la Junta durante los años 2021 y 2022, en plena pandemia por el Covid-19, y sobre los que el Grupo Parlamentario del PSOE va a solicitar una comisión de investigación, en el caso de que no se nos entregue toda la documentación que ha sido solicitada al gobierno.
En este sentido, Rubiño ha indicado que “el Gobierno de Moreno Bonilla ha utilizado dicha contratación para enmascarar y camuflar una privatización encubierta de los servicios que se prestaban desde la sanidad pública”. “Nadie cuestiona la necesidad de acudir a dicho tipo de contratación, pero siempre y cuando se hiciese con un fin claro y evidente que era poder concurrir con rapidez a los mercados tanto nacionales como internacionales y de ese modo cubrir las necesidades más perentorias de material y suministros para luchar contra la covid”, ha añadido.
Tanto Tocón como Rubiño han insistido en que “si se realizaron para poder atender a las derivaciones previstas, el procedimiento debió ser el ordinario, por lo que no se entiende el uso de la contratación de emergencia ahora si lo que se pretendía era poder usar o mejor dicho abusar de dicho tipo de contratación para hurtar los controles pertinentes y poder aumentar las derivaciones este gobierno tendrá que dar las explicaciones oportunas”.
“A modo de ejemplo durante el año 2020 se hacen dos expedientes centralizados para estudios diagnósticos e intervenciones quirúrgicas que ascienden a algo más de 36 millones de euros, y se carecía de argumento alguno para que dichas contrataciones se hiciesen por emergencia. Pero es que en el año 2021 se realiza un expediente centralizado para ambas circunstancias y se duplica la cantidad pasando a ser de algo más de 70 millones. Es decir en total 106 millones para realizar contratos mediante el procedimiento de emergencia careciendo de la justificación de la misma. Aunque finalmente las cuantías adjudicadas han ascendido a 176 millones de euros”, sentencia Rubiño.
En el caso de la Provincia de Málaga la cantidad adjudicada ha sido de 28 millones de euros, amparándose en la justificación de la suspensión de pruebas diagnósticas y quirúrgicas a causa de la Covid. “Lo cual nos lleva de nuevo a no entender el motivo por el que no se podían hacer pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas en la sanidad pública y si se podían derivar a la sanidad privada”, han coincidido ambas.