El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas; y el concejal de Seguridad, Javier Marín, han participado esta mañana en un encuentro con representantes del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), en el que también ha participado el alcalde de Torremolinos, José Ortiz. “El motivo de este encuentro ha sido escuchar las principales reivindicaciones del sindicato policial, compartidas desde los equipos de gobierno de Benalmádena y Torremolinos”, ha valorado el alcalde.
“El incremento considerable del número de pernoctaciones, unido a que estamos en alerta 4 por riesgo de atentado, son motivos suficientes para defender ese incremento mínimo del 30% en la dotación de efectivos”, ha valorado el concejal de Seguridad, Javier Marín.
Tanto concejal y alcaldes como el secretario general del SUP en Málaga, Manuel Expósito; y la vocal del SUP en el Consejo de la Policía Nacional, Mariló Valencia, han aclarado que la seguridad está garantizada por la profesionalidad y rigor de los profesionales de la actual plantilla, “pero no con la calidad que la ciudadanía merece”.
El concejal ha alertado que tanto en Benalmádena como en Torremolinos, esta insuficiencia en el número de efectivos y medios provoca que los usuarios padezcan “una tardanza intolerable en trámites como la renovación del DNI o interponer una denuncia”.
El alcalde y el edil de Seguridad han defendido la urgencia de que el Gobierno cumpla con su compromiso con los benalmadenses, e inicie la creación de una comisaría propia para Benalmádena, “una infraestructura que nos corresponde por derecho, tanto por las dimensiones como por el número de habitantes del municipio”.
Por su parte, Ortiz también se ha sumado a la reivindicación de solicitar un incremento en la plantilla de agentes en esta demarcación, además de alertar de la necesidad que tiene Torremolinos de habilitar una nueva comisaría “porque la actual ya resulta insuficiente para atender a la población”.
Además, Marín ha denunciado que la gestión del Gobierno central en materia de seguridad en los últimos años “supone un recorte de los servicios públicos a favor del sector privado, un aspecto al que nos oponemos firmemente por nuestro apoyo de la dimensión pública que debe tener esta competencia”.