Durante el pleno ordinario de junio, celebrado esta mañana, se ha aprobado un Plan Económico-Financiero para el ejercicio 2017-2018, con los votos a favor de los concejales del equipo de gobierno, y los votos en contra de los ediles del PP.
“Una vez aprobada la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016, y tras su análisis conforme a los parámetros marcados por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se ha puesto de manifiesto una desviación de la regla de gasto de 10 millones de euros, lo que nos obliga a la elaboración de esta Plan Económico-Financiero para los años 2017 y 2018”, ha explicado el concejal de Economía y Hacienda, Manuel Arroyo.
“Esta desviación de la regla de gasto durante el pasado ejercicio ha estado motivada por el pago de facturas pendientes de ejercicios y hasta legislaturas anteriores no previstas en el presupuesto, correspondiendo 5 millones a los años 2014 y 2015”, ha detallado el concejal de Economía y Hacienda. Dentro de esa desviación, también se incluyen reconocimientos de sentencias firmes, liquidaciones de pagos pendientes con la Agencia Pública de Puertos de Andalucía que se remontan hasta 2008, o el abono de la paga pendiente de 2012 a la plantilla municipal.
“La gestión económica de este equipo de gobierno se ha caracterizado primordialmente por el saneamiento de las cuentas municipales, desde el inicio de la legislatura hasta la actualidad, como evidencia la reducción del nivel de endeudamiento de 126 a 99 millones, o a la reducción del periodo medio de pago a proveedores de 105 a 32 días”, ha puesto en valor Arroyo.
Debido a ese incremento del gasto, y para evitar contingencias que se puedan producir respecto a gastos imprevistos, el Plan Económico-Financiero lleva aparejada dos medidas que Arroyo ha manifestado que espera que sean coyunturales y finalicen una vez se cumplan con las reglas fiscales de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, “y que se han determinado con el objetivo de que impliquen la menor incidencia posible sobre la ciudadanía”.
Por una parte, se ha modificado la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de Actividades Urbanísticas, estableciendo un tipo de gravamen del 4% en las licencias de obras cuyo presupuesto supere los 400.000 euros.
Por otra, se ha modificado la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, aumentando el tipo de gravamen del 3,75 actual al 4%.
Según el informe elaborado desde el Área de Intervención, las medidas adoptadas en este Plan Económico-Financiero permitirán cumplir con los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
“No entendemos por qué los ayuntamientos seguimos intervenidos por ese estricto techo de gasto auspiciado por el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, cuando cumplimos con los parámetros de estabilidad presupuestaria y hasta generamos superávit”, ha criticado Arroyo, que ha achacado a este restrictivo techo de gasto y los parámetros que lleva parejos la necesidad de tener que realizar este plan.
“La gestión económica de este equipo de gobierno está resultando modélica, como evidencian datos como la reducción de la deuda o el periodo medio de pago a proveedores. Un éxito financiero logrado gracias a la generosidad de todas las delegaciones y a las valiosas aportaciones de los departamentos de Intervención y Tesorería”, ha valorado el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas.