Atendiendo a una orden judicial, hoy se ha procedido al desalojo de los moradores que habitaban en el complejo hotelero de Los Tres Pintores en Benalmádena Costa. Una propiedad privada en estado de abandono desde hace años, lo que había generado una situación de insalubridad y riesgo de incendio en el entorno.
“Aunque este complejo hotelero es una propiedad privada que no es competencia de este Ayuntamiento, solicitamos al juzgado que interviniese ordenando el desalojo para atender así la demanda de los vecinos de la zona, preocupados por la insalubridad y riesgos para el entorno que provocaba esta situación”, ha explicado el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas.
El alcalde ha recordado que el desalojo viene precedido de un trabajo previo de años por parte del Ayuntamiento, que ha propiciado hasta tres actuaciones de Servicios Operativos, con un coste total de 60.000 euros, para recoger los residuos del entorno y proceder al cerramiento del acceso, además de visitas constantes de los Servicios Sociales para evaluar la situación de cada morador, y de agentes de la Policía Local para proceder a su identificación.
Atendiendo a las reclamaciones vecinales, desde la administración local se han presentado los informes de insalubridad y riesgo de incendio en los edificios del complejo que han avalado el desalojo de hoy. “Todo este concienzudo trabajo previo por parte del Ayuntamiento ha posibilitado presentar ante el juzgado un expediente que ha facilitado que hoy se desarrolle el desalojo con todas las garantías legales”, ha subrayado Navas.
“Por otra parte, hemos aprobado un contrato de emergencia con Cruz Roja para el desarrollo de un plan de intervención sociolaboral para dar cobertura a las necesidades habitacionales, sanitarias y de alimentación de los moradores”, ha anunciado el alcalde.
“Además de garantizar y recuperar la salubridad y seguridad en el entorno, gracias a este plan ofrecemos una respuesta social a la situación de extrema vulnerabilidad de los moradores”, ha recalcado Navas.
“Dicho plan facilitará a todos los moradores un alojamiento por un periodo de seis meses, además de brindarles los recursos para encontrar un trabajo que les facilite su reintegración social y encontrar una alternativa habitacional permanente”, ha explicado la concejala de Bienestar Social, Alicia Laddaga.
En la actuación de hoy han participado Policía Local, Bomberos, Servicios Operativos, Servicios Sociales y agentes sanitarios. A los moradores se les han realizado los pertinentes tests de covid, hepatitis y SIDA. Aquellos que den positivo en covid serán alojados en apartamentos alquilados por Cruz Roja para facilitar que realicen el preceptivo confinamiento.
Tras el desalojo del complejo, el juzgado obliga a la propiedad actual a proceder al cerramiento integral de todos los edificios y a mantener una vigilancia privada que evite nuevas ocupaciones.