El concejal de Servicios Sociales y Vivienda, Pedro Pérez, recibe esta semana a cerca de mil vecinos afectados por las concesiones ilegales concedidas por Pedro Fernández Montes en la campaña electoral de las elecciones de 2015. El edil les explicará que las obras que les prometió el anterior alcalde no se pueden realizar puesto que los acuerdos de la Junta de Gobierno Local del 29 de mayo de 2015 han sido declarados nulos de pleno derecho. No obstante, Pérez les avanzará que la delegación que dirige sacará próximamente una convocatoria pública para ayudas de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de viviendas, que podrán solicitar todos los que reúnan las condiciones.
El concejal ha convocado a todos los vecinos cuyas obras están sin realizar, es decir, a más de mil que pertenecen a 21 edificios, con obras valoradas en más de 250.000 euros. Las asambleas se realizarán hoy 7 de agosto y el martes 8, miércoles 9 y jueves 10 a partir de las 18:00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento. Esta tarde están citados los representantes de los 276 vecinos de seis edificios, mañana 273 de seis inmuebles, pasado mañana 261 de cinco y el jueves 199 que figuraban empadronados en diez edificios. En total, están convocados 1.009 vecinos en estas asambleas informativas.
Fernández Montes prometió subvenciones por valor de 372.600 euros para rehabilitar 31 edificios con 658 viviendas, en las que constaban 1.536 vecinos empadronados, 261 de ellos mayores de 65 años. En el escrito remitido por el responsable de Servicios Sociales se explican las irregularidades detectadas en la concesión de las subvenciones del equipo de Gobierno de Fernández Montes, que ofrecía estas ayudas sobre todo para trabajos de pintura y mantenimiento de fachadas y canalones.
Ofreció las ayudas saltándose todos los procedimientos de contratación
En el informe elaborado por el secretario general y el interventor municipal se constata que las obras se adjudicaron “sin seguir ningún procedimiento, ni existencia de pliegos ni informe de intervención ni de secretaría y sin publicidad alguna”. Además, advirtieron que existía un fraccionamiento del contrato. Por todos estos motivos, la adjudicación de las obras acordadas en los expedientes “prescindió total y absolutamente del procedimiento de contratación regulado en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”. “Se estima que los acuerdos de la Junta de Gobierno Local no solo son contrarios a derecho sino que además son manifiestamente arbitrarios, desbordando la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso”, concluye el informe.
La intención era conseguir votos
Al margen de la posible comisión de un delito por la concesión de estas ayudas de forma totalmente electoralista con la intención clara de conseguir votos en el proceso electoral municipal, “hay que tener en cuenta que los casi 400.000 euros utilizados son de todos los contribuyentes. Sin embargo, el resto de ciudadanos del municipio no tuvo la posibilidad de acceder a dichas ayudas, puesto que no hubo convocatoria ni publicidad alguna, creando una clara discriminación entre distintas comunidades de propietarios”, comentó Pérez el pasado 28 de julio, cuando se hizo público el informe que constataba la existencia de las irregularidades mencionadas.
Entre agosto de 2009 y mayo de 2015 el Consistorio recibió 31 solicitudes de subvención de comunidades de propietarios para realizar obras en edificios, como arreglos de fachadas, huecos de escaleras o impermeabilizaciones. Las peticiones fueron tramitadas en los meses de abril y mayo, cuando se celebraron las elecciones. El gobierno en funciones de Fernández Montes solo ejecutó diez de esas 31 obras, por lo que dejó 21 pendientes una vez que se conocieron los resultados electorales.
Dinero público para la campaña y concesiones de ayudas a dedo
“Una vez más nos encontramos con unas ayudas irregulares que Fernández Montes otorgaba a dedo y en este caso utilizando el dinero público para su campaña electoral”, comentó el concejal delegado, Pedro Pérez, al tener conocimiento del informe que sacó a la luz las irregularidades de la concesión de las ayudas.
El estudio jurídico señalaba que el único requisito que se exigía en los acuerdos de la Junta de Gobierno Local era que “la mayoría de las personas fueran de bajo poder adquisitivo, de la tercera edad y que no pudiesen hacer frente a los gastos”. No consta que estos requisitos fueran verificados para conceder la subvención ni tras la ejecución de las obras.